Comunicado de prensa
31 de agosto de 2015

En la actualidad, el colapso que afecta a la Administración de Justicia es tal, que desde que se dan unos hechos hasta que se ejecuta la sentencia correspondiente a los mismos, pueden llegar a pasar cuatro años. Las cuestiones logísticas ralentizan e incluso llegan a paralizar el proceso judicial, por lo que se deben buscar maneras de dinamizar los procedimientos. Según Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados, “hay que presentar las demandas en papel y dar copias también en papel, a tantas partes como vayan a figurar en el proceso. Estas cuestiones frenan todo el procedimiento. Incluso, cuando no se localiza al demandado, algo que sucede con frecuencia, se termina paralizando el proceso».

Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestras vidas en todos sus aspectos. Y esta revolución ha llegado también al desarrollo de la abogacía: los gastos se han reducido y los procesos judiciales en los que se utilizan se han visto acelerados. Según el 4º Barómetro Interno de la Abogacía, realizado por Metroscopia, un 97% de los abogados considera que las nuevas tecnologías son fundamentales para el ejercicio profesional. Además, el 76% considera que su Colegio está dedicando suficientes recursos para modernizarse, tanto ellos mismos como a sus integrantes.

A pesar de la satisfacción predominante en el colectivo jurídico, las nuevas tecnologías pueden implicarse aún más en los procesos judiciales. Carlos Pavón opina que “desde que una persona o entidad es un sujeto justiciable, debería tener una firma electrónica que le tuviera conectado digitalmente con la Administración de Justicia de la que es parte”. Y matiza: «La vía telemática con que se realizan las notificaciones en la Agencia Tributaria, debe servir de modelo para los procesos judiciales».

Diferentes grupos y asociaciones de juristas que usan las redes sociales como canal para denunciar el estado de los juzgados y los retrasos de los procesos, ha ido mostrando casos críticos, como una serie de fotografías de baños que son usados como almacenes de procesos judiciales. La cantidad de papeles que se acumula en los juzgados y las Audiencias hace necesario digitalizar los escritos y las resoluciones judiciales.

Por otra parte, encontramos materias como el derecho al honor, sobre la que se dictan multitud de sentencias, pero que no pueden regirse sobre una regla general, ya que cada caso depende de sus circunstancias. Pero también hay casos homogéneos que afectan a miles de ciudadanos, como son las preferentes o las cláusulas suelo. En estas ocasiones, los casos no deben tratarse como si fueran diferentes, sino que pueden agilizarse “por ejemplo rellenando una sencilla demanda previamente establecida que, otorgando plenas garantías a las partes, recibiera una sentencia sin necesidad de celebración de juicio y, por tanto, sin demoras”, indica Carlos Pavón.

En definitiva, las nuevas tecnologías agilizan la Administración de Justicia, pero también están cambiando el estatus del abogado. Si bien antes el abogado era un profesional próximo, en la actualidad la abogacía minorista ha cambiado su perfil: la firma de contratos y el envío de documentos y notificaciones se realizan por internet. Como indica el socio director de IURE Abogados, “las nuevas tecnologías están cambiando el estatuto de una profesión que está viendo cómo sus señas de identidad están en proceso de transformación. Como suele ocurrir en estos casos, la clave está en adaptarse al medio cuanto antes, así como en hacer uso de todas las posibilidades que las TIC ponen a nuestro alcance».

IURE Abogados nace en 1987 en Alcalá de Henares, y posteriormente, en 2004, abre despacho en Madrid, con una clara vocación de servicio al cliente empresa, continuando con la trayectoria de especialización en la adecuada gestión de crisis empresarial, tanto en fase preventiva como en situación de insolvencia.

A lo largo de estos años, los profesionales de IURE Abogados han adquirido la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el asesoramiento más adecuado, según la situación particular de cada empresa y con el firme objetivo de prevenir a tiempo situaciones de insolvencia, buscando siempre las mayores garantías de continuidad de las diferentes unidades de negocio y procurando la protección de los administradores societarios de eventuales responsabilidades.

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