Artículo de Opinión
Auxiliadora Blázquez – Letrada de IURE Abogados

Es uno de los gags más famosos de la pareja de humoristas Tip y Coll, y en el que veo reflejado el apartado del Real Decreto Ley 16/2013, recientemente aprobado por el Gobierno, que contiene medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Con su aplicación a partir de primeros de año, se incluyen dentro de la base de cotización determinados conceptos como son: el plus de transporte, las dietas, los tickets restaurante o la guardería. También aumentará la base de cotización de los trabajadores autónomos que tengan a su cargo 10 o más trabajadores por cuenta ajena, o que estén incluidos dentro del régimen especial del trabajador autónomo, por ser administradores de sociedades mercantiles.

Es curioso que en esta Ley, la mayor parte de la misma se dedique a la regulación del fomento a tiempo parcial y de la flexibilidad en el tiempo de trabajo y el tema más controvertido, el de la subida de las bases de cotización, quede reflejado en las disposiciones finales.

Al margen de esta consideración, con la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 22 de diciembre y cuyo plazo de regularización expira el 31 de marzo del presente año, indudablemente el objetivo del Gobierno es aumentar los ingresos de las arcas de la Seguridad Social, incrementando los importes de cotización que la empresa y los trabajadores deben abonar mensualmente y contribuir a una mejor sostenibilidad de dicho Sistema.

Pero esta medida, a priori beneficiosa para el Estado, ya que supone un aumento de la recaudación, va a perjudicar tanto a empresas como a trabajadores, debido a que su aplicación conllevará un mayor gasto a las primeras y la pérdida de poder adquisitivo de los segundos. Y es que a las compañías les supondrá una subida de su coste laboral en varios miles de euros al año y los empleados verán mermado su sueldo alrededor de un 6% según comentan los expertos.

En este punto se debe diferenciar si esos complementos son abonados de forma voluntaria por el empleador, o si bien se encuentran incluidos en los convenios colectivos. En el primer caso, renunciar a esos complementos, conllevaría un menor salario para el trabajador, lo cual es un perjuicio para éste y, en el segundo, cuando está previsto en el convenio, no pueden ser rechazados. Por lo que tiene que cotizar por ellos, quieran o no.

La cotización por dichos complementos además tendrá otra fatídica consecuencia, la bajada del consumo, tan perjudicado ya en los últimos años, al disponer los ciudadanos de menos efectivo. Algo a tener muy en cuenta al afectar, en mayor grado, la aplicación del Real Decreto, a aquellos trabajadores que tengan los sueldos mas bajos. Y es que los empleados cuyo salario esté por encima de 3.597€ al mes estarán exentos de esta medida, al no poder cotizar por encima de dicha base.

Es cierto que una mayor cotización supondría una ventaja a largo plazo en cuanto a que estas subidas supondrían un incremento en el momento de recibir prestaciones sociales, tanto de desempleo como de jubilación. Pero dudo que “estas bondades” convenzan a los trabajadores que ven lejano su retiro y a los que, sin duda, no les gustaría quedarse sin empleo.

Por estos motivos me pregunto que a pesar de ser esta iniciativa beneficiosa para contribuir a la sostenibilidad del organismo público de la Seguridad Social, ¿es ahora el momento adecuado?. Y más en esta coyuntura en la que parece que están llegando los primeros síntomas de recuperación.

A mi juicio, y con mi experiencia como letrada en procesos concursales, que me ha permitido comprobar que la mayoría las deudas contraídas por las empresas en estas circunstancias son las que tienen con la Seguridad Social, considero que para favorecer la contratación habría que hacer todo lo contrario, bajar las cotizaciones empresariales. Así se incrementaría el empleo y como consecuencia el consumo, algo que no olvidemos también beneficia a las arcas del Estado, ya que es una fuente de recaudación de otro tipo de impuestos como el IVA y además es uno de los pilares fundamentales de la economía de cualquier país.

Entonces, ¿por qué el gobierno, ante la situación actual, no puede tomar medidas para que baje el pescado y suba la bolsa? La ciudadanía se lo agradecería.