Comunicado de prensa
25 de noviembre de 2014

Actualmente, la actividad emprendedora surge, también, como consecuencia de la adquisición, por los propios trabajadores, de la titularidad de la empresa para la que vienen trabajando, como consecuencia de su situación de crisis y la necesidad de someterse a un proceso concursal. En estos procedimientos judiciales se facilita la venta de las unidades productivas rentables, siendo los posibles compradores los propios trabajadores, inversores o incluso los socios de la empresa en concurso.

Ante esta situación, Carlos Pavón, socio director de IURE Emprendedores & Business, afirma: “la experiencia profesional en la dirección y gestión de una empresa puede llegar a ser tan importante como el conocimiento técnico del producto o servicio que suministra la empresa, dado lo cual la empresa debe dotarse desde su nueva etapa de los medios necesarios para cubrir una falta de experiencia por parte de los empleados que pasan a ser propietarios de la empresa”.

Por ello, toda andadura empresarial, independientemente de su origen, implica la apuesta decidida de sus socios por acometer una actividad económica que conduzca al logro de unos objetivos predeterminados. Ante esto, en materia legal, el asesor de estos nuevos emprendedores debe poner de manifiesto los diferentes riesgos a los que se expondrá la futura empresa, no con el ánimo de disuadirlos, sino con el objetivo de gestionar tales riesgos y evitar que su eventual concreción puedan frustrar la actividad empresarial.

Un primer paso consiste en identificar correctamente los riesgos inherentes a la actividad que se pretende emprender, de forma que pueda planificarse una estructura societaria óptima que canalice tales riesgos. Así, no resulta aconsejable que la actividad empresarial se identifique en su integridad con una única sociedad de capital (sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada), dado que ello supone concentrar en la misma sociedad el devenir futuro de las distintas actividades que vaya a desarrollar.

Esto es así porque puede ocurrir, por ejemplo, que una empresa se vea obligada a prescindir, por cualquier motivo, de una de sus actividades y pretenda subcontratar este servicio a un tercero, o bien que se asuma directamente por el cliente. En este proceso de reordenación de la actividad, la previsión de haber constituido en origen una sociedad independiente para su explotación permitirá que el resto de sociedades no se vean lastradas por el cierre de la actividad subcontratada.

En otros casos, la diversificación del riesgo se identifica con una eventual morosidad por parte de los clientes, que puede conllevar el cierre empresarial en caso de impago de un importe significativo de la facturación. Para este tipo de supuestos es aconsejable constituir sociedades filiales de venta que canalicen el riesgo de impago de los clientes. Con ello se logra garantizar la continuidad de la empresa a través de su matriz, a pesar del riesgo de impago de un cliente o grupo de clientes relevantes, al verse únicamente afectada por el mismo la sociedad filial.

Por último cabe citar, como error habitual en el inicio y desarrollo de cualquier actividad empresarial, la escasa utilización de los mecanismos que prevén nuestra normativa para la flexibilización del coste laboral y su adecuación al volumen de facturación.

Así, muchas de las dificultades que ponen en riesgo la continuidad de las empresas suelen venir acompañadas por un sobrecoste laboral asociado a su consideración como coste fijo en la cuenta de resultados, de forma que una caída en las ventas no se ve acompasada por una reducción proporcional en la estructura de costes de las empresas. Para ello, la utilización de retribuciones variables a favor de los empleados permite incrementar su retribución cuando la empresa alcanza unos resultados positivos óptimos, mientras que una reducción en la facturación permitirá reconducir de forma proporcional el coste laboral hasta unos niveles adecuados.

“Estas medidas, a modo de ejemplo, ponen de relieve la necesidad de anticiparse a los riesgos futuros de la empresa, adoptando las acciones necesarias para prevenir que éstos puedan conducir al cese definitivo de la actividad empresarial”, matiza Pavón.

IURE Emprendedores & Business nace como un nuevo área de negocio del Despacho IURE Abogados para ofrecer un asesoramiento integral y una continua búsqueda de soluciones para las empresas que quieren iniciar su actividad de una manera ordenada y segura, o que entienden que llegado un punto de actividad y desarrollo de su negocio, requieren del asesoramiento especializado, para la reorganización de su estructura societaria.

Fruto de de la experiencia de sus socios y abogados, se ha desarrollado con la convicción de que el óptimo asesoramiento jurídico, económico y financiero, en el momento oportuno, es requisito indispensable para asegurar la marcha de todo proyecto desde el inicio de su actividad. Asimismo, la toma de decisiones, en determinados momentos, con el consejo adecuado, definirá su futuro y, en gran medida, su éxito empresarial.

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