Comunicado de prensa
30 de diciembre de 2016

Disponer de Compliance, valorar la rentabilidad de las líneas de negocio, planificar la plantilla y refinanciar la deuda, son los principales retos para el próximo año

Si bien el Banco de España pronostica que la economía española seguirá creciendo durante los próximos años, matiza que este crecimiento irá a menos y, además, será menor del previsto inicialmente y mucho más bajo del esperado por el Gobierno. El banco emisor prevé que el PIB español crecerá a un ritmo del 2,7 %, en 2016, y al 2,3 %, en 2017. Estos datos indican, junto con otros parámetros, que las empresas deben estar preparadas para un entorno aún no muy favorable y, por ello, deben tomar una serie de medidas para evitar dificultades económicas y garantizar su continuidad.

Una de las principales es disponer de la figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. Sus principales funciones son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas, así como revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Para Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados, “tomar las medidas recomendadas es imprescindible para todas las empresas, porque de esta manera tienen la opción de quedar a salvo de sanciones, así como de una inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o para gozar de incentivos fiscales o, en el peor de los casos, de sufrir la suspensión temporal o definitiva de su actividad”.

Un aspecto de gran interés que se debe tener en cuenta a la hora de tomar medidas preventivas, cara al año entrante, es valorar y medir las áreas productivas. “Por ejemplo, en dos líneas de negocio desarrolladas por la misma empresa, de las cuales una produce beneficios mientras que la otra genera pérdidas. Si ambas actividades están integradas en la misma sociedad, el incremento de las pérdidas arrastraría la línea que produce beneficios, pudiendo conllevar, en última instancia, al cierre de la empresa”, indica el socio de IURE Abogados.

Otra de las medidas preventivas, de gran calado en la empresa y que supone una de las principales partidas de la cuenta de resultados, es la de Recursos Humanos. Su sobrecoste lleva consigo un grave problema de tesorería, para evitar esto es muy importante realizar un trabajo de valoración en este área, analizando individualmente que contrato se realiza a cada empleado en función de las necesidades de la empresa. Igualmente, en aras de favorecer una mayor implicación de los trabajadores, es conveniente establecer planes que contemplen pluses sobre productividad y beneficio, fomentando así la retribución variable, asegurando de esta forma la continuidad en épocas con mayores dificultades.

Por lo que respecta a las fuentes de financiación, España ha llevado, en los últimos años, una restricción crediticia tan importante que muchas empresas viables se ven abocadas a procesos de liquidación, ante la falta de financiación para adecuar su nivel de endeudamiento y el bajo valor de sus activos debido, en algunos casos, al reducido tamaño. “Ante esta situación, han hecho su presencia fondos de inversión, de distinta naturaleza, que abogan por financiar o, incluso, adquirir aquellas unidades productivas rentables atrapadas en empresas sobreendeudadas, que no logran alcanzar acuerdos para la refinanciación”, concluye Carlos Pavón.

IURE Abogados nace en 1987 en Alcalá de Henares, y posteriormente, en 2004, abre despacho en Madrid, con una clara vocación de servicio al cliente empresa, continuando con la trayectoria de especialización en la adecuada gestión de crisis empresarial, tanto en fase preventiva como en situación de insolvencia.

A lo largo de estos años, los profesionales de IURE Abogados han adquirido la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el asesoramiento más adecuado, según la situación particular de cada empresa y con el firme objetivo de prevenir a tiempo situaciones de insolvencia, buscando siempre las mayores garantías de continuidad de las diferentes unidades de negocio y procurando la protección de los administradores societarios de eventuales responsabilidades.

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