Salamanca, 5 de mayo de 2014.- El pasado 25 de abril, Global Exchange se vio obligada a cerrar su red de oficinas en Argentina, a pesar del especial vínculo que le une a esta nación, por tratarse, entre otros aspectos, del país en el que inició su expansión internacional hace ya doce años.

El origen de la situación que ha llevado a Global Exchange al cese de actividad en este país, se remonta a septiembre de 2012 cuando el Banco Central de la República Argentina, a través de su resolución nº 228 de fecha 6 de septiembre, decretaba que sólo podrían abrir y mantener casas de cambio operativas en puertos y aeropuertos del país las entidades financieras públicas. A pesar de que Global Exchange contaba con autorización definitiva para operar en el país andino desde el año 2002, esta decisión del gobierno argentino obligó a la multinacional española a cerrar, sin previo aviso y de forma totalmente injustificada, las once oficinas de cambio de moneda que gestionaba en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires, y en las ciudades de Córdoba, Bariloche, Mendoza y Tucumán.

Ante esta situación totalmente arbitraria, y si bien Global Exchange tenía la posibilidad de presentar una demanda en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones) con plenas garantías de éxito, decidió finalmente apostar por su permanencia en Argentina e invirtió todos sus esfuerzos y recursos para encontrar una alternativa que le permitiera seguir prestando al turista internacional un servicio totalmente básico y necesario y conservar los puestos de trabajo de sus 100 trabajadores en ese momento. Después de desembolsar 870.000 dólares americanos para que éstos siguieran percibiendo sus salarios con total normalidad mientras se resolvía la situación, a pesar de no contar con ninguna oficina operativa en ese momento, y por lo tanto ningún ingreso, y tras meses de arduas negociaciones con el Banco Central Argentino, esta institución otorgó a principios de 2013 a Global Exchange, a través de su Resolución nº 301, licencia para abrir una red de oficinas de cambio a pie de calle en las principales zonas turísticas de las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Calafate e Iguazú.

La inversión para poner en marcha esta nueva red de oficinas, que convertiría a Global Exchange en la empresa de cambio más importante del país, se estimó en un millón de dólares americanos; y la apertura de las cuatro primeras supuso una inversión efectiva de 400.000 dólares. Sin embargo, el conjunto de decisiones gubernamentales y administrativas tomadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner han perjudicado, muy particularmente, la actividad económica de la compañía en el país.

La difícil situación económica de Argentina, caracterizada por una elevada inflación, la devaluación del peso, la caída en las reservas del Banco Central y una gran dificultad para acceder a los mercados internacionales de crédito por su alta deuda y sus reiterados incumplimientos internacionales, unido a la falta de seguridad jurídica, la injerencia interesada en la gestión de las empresas privadas, la caída del turismo y las fuertes restricciones impuestas para ejercer un mayor control sobre las divisas, han provocado que una compañía como Global Exchange que llevaba doce años creando riqueza y empleo en el país haya pasado de tener 150 empleados en 2011 a tan sólo 39 antes del cierre, y haya acumulado durante el último año y medio unas pérdidas de más de 2.700.000 dólares americanos.

La situación actual que está viviendo Argentina y las nulas posibilidades de que la misma cambie han llevado a Global Exchange, empresa próspera y boyante hasta septiembre del 2012, a una situación económica insostenible y a la inviabilidad de mantener su negocio en este país. Global Exchange se ha visto así abocada al cese de su actividad en Argentina y ha iniciado el procedimiento legal de quiebra al amparo de las leyes argentinas.

Global Exchange lamenta profundamente la situación actual de sus extrabajadores, que se ven impotentes ante la situación incierta del país, que está obligando a miles de argentinos a emigrar, y se solidariza con ellos para que se atiendan todas sus peticiones durante el procedimiento concursal. Para ello, la compañía ha puesto la cantidad de 2.400.000 Pesos Argentinos a disposición del Juzgado nacional en lo comercial nº 7, secretaría 13, que el juez encargado del procedimiento distribuirá entre sus acreedores, siendo el primero y el más importante de ellos sus trabajadores.

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