Comunicado de prensa
2 de diciembre de 2015

Abengoa se ha acogido al preconcurso de acreedores tras confirmar que Gonvarri, filial del grupo Gestamp, renunciaba a entrar en el capital de la compañía y recapitalizar la empresa, por la falta de apoyo financiero que reclamaba a la banca para tomar el control del grupo, junto a otras condiciones. Gestamp iba a dirigir un nuevo plan de viabilidad de Abengoa, presentado en septiembre. Entre otras cuestiones, este plan contemplaba una ampliación de capital de 650 millones -que en parte iba a ser cubierta por Gestamp- y desinversiones de activos por 1.200 millones de euros, entre 2015 y 2016.

El acuerdo estaba sujeto a una serie de condiciones tales como el mantenimiento del aseguramiento de la ampliación de capital por parte de las entidades aseguradoras y la suscripción de un importante paquete de apoyo financiero a favor de la sociedad por un conjunto de entidades. Desde el pasado mes de junio, algunos bancos han retirado líneas de crédito, que Gonvarri pedía que se restablecieran, así como que el plan de desinversiones de Abengoa se extendiera un año más, hasta diciembre de 2017, para evitar malvender activos.

En este contexto, ¿puede salir de esta situación ABENGOA? Según Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados: «Una de las vías de solución se basa en que las entidades financieras, con las que ostenta la mayor parte de su deuda, aprueben fuertes quitas (condonación de parte de la deuda). Otra opción sería que pasen a formar parte del capital social mediante una capitalización de deuda, como ya ha pasado en el Concurso de Acreedores de Pescanova, donde la banca ha pasado a ser el principal accionista con un 77% del accionariado».

Otra solución sería encontrar un nuevo socio dispuesto a inyectar el capital suficiente para que Abengoa pueda salir de la actual situación. Las opciones llegado este caso son muy variadas: desde la inyección de dinero mediante una ampliación, la consiguiente reestructuración de deuda y una propuesta anticipada de convenio; la irrupción de un liquidador (la menos deseada), la llegada de capital pero sin reestructuración, y la compra de alguna filial.

«Si no se llegara a acuerdos suficientes, Abengoa debería solicitar, al término de los 4 meses, el concurso voluntario de acreedores. En este caso, cabría reintentar un acuerdo con los acreedores, aunque ya dentro del marco del procedimiento concursal, que de no alcanzarse dirigiría a la compañía a la fase de liquidación», indica el socio de IURE ABOGADOS.

Por lo que respecta a Accionistas y Bonistas. Abengoa tiene en total 11 emisiones de bonos, que ascienden a unos 4.400 millones de euros. Junto a las entidades financieras, los accionistas minoritarios y los bonistas han comenzado a organizarse tras la entrada de Abengoa en preconcurso. Ya se han iniciado acciones legales ante la Audiencia Nacional. Se trata de una querella en la que dos bonistas con una inversión de 53.970 y 50.000 euros, respectivamente, acusan al expresidente de Abengoa, y al ex consejero delegado, de administración desleal y de uso de información privilegiada.

Actualmente está siendo objeto de estudio una demanda civil tanto a la compañía como a su consejo de administración por «daños y perjuicios». La demanda se basaría en el daño establecido en virtud del artículo 124 de la Ley de Mercados, que en su apartado 2 establece que, de acuerdo «con las condiciones que se determinen reglamentariamente, el emisor y sus administradores serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione una imagen fiel del emisor».

Igualmente, cabría solicitar mas adelante, una vez sea admitida a trámite la querella presentada en la Audiencia Nacional, la apertura de una pieza de responsabilidad subsidiaria civil para ver compensados sus daños. Podría igualmente estudiarse la responsabilidad de terceros, como auditores y órganos de control de la CNMV.

En el caso de los proveedores, durante el pasado año, Abengoa ha visto elevados sus niveles de endeudamiento con proveedores y los plazos de pago a éstos, hasta los 781 millones de euros (según datos de la CNMV). A finales de Septiembre la deuda total con suministradores ascendía a 4.105 millones de euros (un 23% más que el año anterior). Según un balance provisional del grupo, 1.526 millones de euros corresponden a proveedores externos, y 676 a proveedores del grupo, además de unos 888 millones a acreedores por prestaciones de servicios y 225 por anticipos de clientes.

«Abengoa tiene establecido como mecanismo de pago a proveedores el confirming, es decir, la entidad bancaria paga al proveedor, y posteriormente reclama el cobro a Abengoa, por lo que nuevamente es la banca la que ha de ser parte de la solución para la compañía», concluye Carlos Pavón.

IURE Abogados nace en 1987 en Alcalá de Henares, y posteriormente, en 2004, abre despacho en Madrid, con una clara vocación de servicio al cliente empresa, continuando con la trayectoria de especialización en la adecuada gestión de crisis empresarial, tanto en fase preventiva como en situación de insolvencia.

A lo largo de estos años, los profesionales de IURE Abogados han adquirido la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el asesoramiento más adecuado, según la situación particular de cada empresa y con el firme objetivo de prevenir a tiempo situaciones de insolvencia, buscando siempre las mayores garantías de continuidad de las diferentes unidades de negocio y procurando la protección de los administradores societarios de eventuales responsabilidades.

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