Comunicado de Prensa

Madrid 10 de abril de 2017. IURE Abogados y CEAT (Federación Intersectorial de Asociaciones de Autónomos de la Comunidad de Madrid) han organizado una Jornada en la sede de CEIM, donde se han analizado los aspectos clave para mejorar los proyectos empresariales, así como los pasos que deben seguir las empresas para superar situaciones de crisis.

Presentado por Miguel Ángel Rivero García, presidente de CEAT, Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados, ha impartido una conferencia que bajo el título “Mecanismos legales para garantizar la continuidad de la actividad de PYMES y autónomos en dificultades” explicó cómo debe estructurarse una sociedad, para que la responsabilidad del empresario sea limitada y éste sólo responda con el capital o los bienes adquiridos en la empresa, en caso de crisis.

A su juicio, las diferentes actividades de una compañía se tendrían que dividir en sociedades distintas, existiendo una sociedad matriz que aglutinara el patrimonio. Desde el punto de vista tributario, estas sociedades tendrían que funcionar de forma independiente y la relación entre ellas (alquileres de espacios, servicios prestados) se tendría que facturar a precios de mercado, para evitar cualquier incumplimiento fiscal con la Administración Pública.

Por otra parte, Pavón clasificó las opciones que puede tomar una empresa en dificultades en: Negociación con los Acreedores, Mediación Concursal y Concurso de Acreedores, calificando esta última como llegar al quirófano, si antes no se han tomado medidas paliativas con las anteriores, debido a que en la sala de operaciones se ejecuta si hay convenio o la liquidación de la compañía, dado que la decisión acerca de cómo afrontar la situación de crisis debe realizarse con carácter previo.

Por ello, previo a estas opciones, se debe realizar un profundo análisis de la situación económica de la empresa, pero no únicamente con los datos que refleja el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino con las rentabilidades que ofrecen las diferentes unidades de negocio; de tal forma, que aquellas actividades de las que se obtengan beneficios, sean conservadas e impulsadas a través de mecanismos específicos que lo permiten, mientras que las que sean un lastre es necesario eliminarlas, para el saneamiento integral de la compañía mediante un Plan de Viabilidad.

En esta Jornada se abordó la práctica de la Ley de Segunda Oportunidad que ofrece, a las personas físicas que no pueden hacer frente a sus deudas, la posibilidad de someterse a un procedimiento para la condonación de las mismas, permitiéndoles cancelar su endeudamiento y disponer libremente de sus ingresos futuros. Esta Ley beneficia, entre otros, a aquellos particulares que avalaron deuda de su empresa y ésta ha quebrado o se encuentra en situación crítica, de tal forma que no pueden afrontar sus obligaciones de pago y se ven ahogados por las reclamaciones de sus acreedores.

Para el socio de IURE Abogados: «la vía para conseguir la remisión o el perdón de dichas deudas es la mediación concursal. Esta figura se ha creado para que el mediador impulse un acuerdo entre el deudor y sus acreedores en condiciones realistas, conforme a la situación del deudor, conteniendo por tanto importantes quitas y esperas de la deuda. Si dichos acuerdos de quitas y esperas no se llegan a aprobar por los acreedores, se inicia el correspondiente proceso concursal o de Segunda Oportunidad que conllevará la remisión del endeudamiento ordinario, a través de la figura jurídica del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho».

IURE Abogados nace en 1987 en Alcalá de Henares, y posteriormente, en 2004, abre despacho en Madrid, con una clara vocación de servicio al cliente empresa, continuando con la trayectoria de especialización en la adecuada gestión de crisis empresarial, tanto en fase preventiva como en situación de insolvencia.

A lo largo de estos años, los profesionales de IURE Abogados han adquirido la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el asesoramiento más adecuado, según la situación particular de cada empresa y con el firme objetivo de prevenir a tiempo situaciones de insolvencia, buscando siempre las mayores garantías de continuidad de las diferentes unidades de negocio y procurando la protección de los administradores societarios de eventuales responsabilidades.

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