Artículo de opinión
Carlos Pavón Socio Director de IURE Abogados

Que la Administración de Justicia española está sumida en un absoluto colapso desde hace años es algo conocido por todos. Hay numerosos factores que han llevado a esto, como la inversión insuficiente, que hace que las leyes españolas estén ancladas en el pasado; las normativas ineficaces, como la Ley de Tasas, que obstaculiza y limita el acceso de la ciudadanía a la Justicia en un vano intento por frenar el acceso a la justicia coartando gravemente el efectivo derecho a la tutela judicial efectiva, o la escasez de jueces. Para ilustrar esta afirmación de colapso se puede decir que, desde que se dan unos hechos hasta que se ejecuta la sentencia correspondiente a los mismos, pueden llegar a pasar cuatro años.

Las cuestiones logísticas y burocráticas ralentizan e incluso llegan a paralizar el proceso judicial. Por este motivo, es primordial buscar maneras de dinamizar los procedimientos. Por ejemplo, a la hora de comenzar un proceso judicial hay que presentar las demandas en papel y dar copias también en papel, a tantas partes como vayan a figurar en el proceso. Estas cuestiones frenan todo el procedimiento. Incluso sucede que, cuando no se localiza al demandado, algo que ocurre con bastante frecuencia, se termina paralizando el proceso.

¿Cómo podrían agilizarse los procesos jurídicos? ¿Cómo se resuelve la pésima situación en la que se encuentra la Administración de Justicia? Lo lógico sería una tendencia hacia la eliminación del papel. Y es que la evolución tecnológica es otro de los factores que ralentizan la acción de la Administración, puesto que muchos profesionales afirman que los sistemas informáticos con los que trabajan llevan décadas obsoletos. Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestras vidas en todos sus aspectos. Nacieron para facilitar y mejorar la comunicación, en particular, y la vida de las personas, en general, así que podrían ser también una ayuda para resolver los mencionados problemas. La revolución de las nuevas tecnologías de la información, o TIC, ha llegado también al desarrollo de la abogacía: los gastos se han reducido y se han visto acelerados los procesos judiciales en los que se utilizan estas nuevas tecnologías, pero aún no se usan de manera sistemática, por lo que deberían implementarse más. A este respecto, basta con comprobar el desarrollo logístico experimentado por la Agencia Tributaria desde la implantación de las nuevas tecnologías en sus sistemas, frente a la situación existente con anterioridad.

Según el 4º Barómetro Interno de la Abogacía, realizado por Metroscopia, un 97% de los abogados considera que las nuevas tecnologías son fundamentales para el ejercicio profesional. Además, el 76% considera que su Colegio está dedicando suficientes recursos para modernizarse, tanto ellos mismos como a sus integrantes. A pesar de la satisfacción predominante en la mayor parte del colectivo jurídico, las nuevas tecnologías tendrían que implicarse todavía más en los procesos judiciales. Una idea sobre cómo podrían simplificarse los procesos, así como disminuir los tiempos de espera sería con el uso de la firma electrónica. Ésta consiste en la transmisión telemática de actos declarativos de voluntad y, legalmente, tiene la misma validez que la firma manuscrita. Desde que se convierten en un sujeto justiciable, una persona o entidad debería tener una firma electrónica que le tuviera conectado digitalmente con la Administración de Justicia de la que es parte, y de esta forma, la vía telemática con la que se realizan las notificaciones en la Agencia Tributaria debería servirnos de modelo para los procesos judiciales.

Últimamente han proliferado, en las redes sociales, diferentes grupos y asociaciones de juristas, que usan estos canales como medio para denunciar el estado de los juzgados y los retrasos de los procesos. En sus perfiles han compartido imágenes de casos críticos, como una serie de fotografías de baños que están siendo usados como almacenes de procesos judiciales. Es indudable que la cantidad de papeles que se acumula en los juzgados y las Audiencias hace necesario digitalizar los escritos y las resoluciones judiciales. Más aún, la digitalización de los expedientes permitiría a las partes su consulta telemática, sin necesidad de desplazamiento al Juzgado, lo que conduce a eliminar la necesidad de ser atendido por el oficial a cargo del expediente, obligado a paralizar su actividad para atender las consultas diarias de los letrados que precisan consultar aspectos concretos de los expedientes judiciales.

Hay materias, como es el caso del derecho al honor, sobre las que se dictan multitud de sentencias, pero que no pueden regirse con una sola regla general, ya que cada caso depende de sus propias circunstancias y de su contexto. En estas situaciones, es competencia de los tribunales valorar la legitimidad de lo sucedido. Pero también hay materias que afectan a miles de ciudadanos, como son las preferentes o las cláusulas suelo, y que dan lugar a casos homogéneos. En estas ocasiones, los procesos no deben tratarse como si fueran casos diferentes, sino que pueden agilizarse; por ejemplo, rellenando una sencilla demanda previamente establecida que, otorgando plenas garantías a las partes, recibiera una sentencia sin necesidad de celebración de juicio y, por tanto, sin demoras.

Queda claro que las nuevas tecnologías agilizan la Administración de Justicia, pero también están cambiando el estatus del abogado. Si bien antiguamente el abogado era considerado un profesional próximo, en la actualidad la abogacía minorista ha cambiado su perfil: la firma de contratos y el envío de documentos y notificaciones se realizan por internet. Las nuevas tecnologías están cambiando el estatus de esta profesión. Estamos contemplando cómo las señas de identidad de la abogacía están en proceso de transformación. Como suele ocurrir en estos casos, la clave está en saber adaptarse al medio cuanto antes, así como en hacer uso de todas las posibilidades que las tecnologías de la información ponen a nuestro alcance. Es un tema que está en boca de todos desde hace tiempo, pero que es necesario dar un primer paso, para conseguir algo tan beneficioso tanto para el abogado, como para el cliente.