La dependencia, y sus consecuencias sociales y económicas no han dejado indiferentes a las sociedades desarrolladas. Aunque en España el reconocimiento de la dependencia es relativamente reciente a nivel normativo, en otros países ha sido abordado hace décadas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, a través una oferta de productos y servicios enfocados a paliar las consecuencias económicas y personales de la dependencia.

El primer fenómeno destacable en relación con la dependencia es el envejecimiento de la población. El desarrollo económico, las mejoras en la salud y los grandes avances en la medicina, han provocado un fuerte aumento de la esperanza de vida y de las tasas de supervivencia de enfermedades crónicas, que se refleja en el número de personas dependientes.

España se convertirá en el 2050, en el tercer país con mayor porcentaje de personas mayores de 80 años y en el país más viejo del mundo, (medido en la proporción de personas mayores de 65 años). Por supuesto no es un caso aislado, en países como Francia, referencia en temas de dependencia en Europa, la población de personas mayores de 100 años era en 1970 de 1.100 personas, y se prevé que será de 150.000 personas en 2050.

No es de extrañar, por tanto, que en el año 2007 se hayan estimado más de 1.170.000 dependientes en España, a tenor de la fuerte relación entre edad y dependencia. La magnitud de las cifras sobre envejecimiento de la población adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que el ratio de personas que tienen alguna discapacidad para mayores de 65 años es del 32%, mientras que es tan solo del 5% para personas entre 5 y 65 años.

Las cifras son claras y preocupantes, pero además esta situación se ve agravada en el caso español por los cambios en la estructura de la familia y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que en muchos casos de manera “informal” se hacía cargo de las personas en situación de Dependencia. Sólo en un 3% de los casos, los servicios sociales actúan como cuidador principal de las personas mayores con discapacidades.

En este contexto se ha venido desarrollando el sistema público de atención a las personas dependientes. El punto de partida fue la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, donde se establecieron las bases normativas para el desarrollo de la red de servicios asistenciales a las personas dependientes. La ley define, en función de la capacidad para desarrollar las actividades comunes de la vida diaria, los grados de Dependencia, sus niveles y las prestaciones correspondientes (Dependencia Moderada, Dependencia Severa y Gran Dependencia).

Estas prestaciones serán mayoritariamente servicios asistenciales, ofrecidos a través de la Red de Servicios Sociales de las CCAA, responsables además de evaluar el grado de Dependencia. La prioridad del acceso a los servicios sociales va a venir determinada por el grado y nivel de dependencia y por la situación económica de la persona que lo solicita. El coste de los servicios lo asumirán por una parte el sector público (Estado y CCAA) y por otra la persona que los recibe en función de su capacidad económica, en lo que ha venido llamándose el sistema de copago.

Los servicios básicos ofrecidos por el sistema público van desde teleasistencia, a atención residencial pasando por ayuda a domicilio, cuidados personales y servicios de centro de día y de noche, ofrecidos a través de la red de centros públicos y privados concertados. El organismo competente está estableciendo progresivamente la cuantía de las prestaciones, es decir, la valoración económica del coste de los servicios necesarios en los distintos grados y niveles de dependencia, que son en realidad sólo una parte de los costes reales que genera una situación como la dependencia. Como ejemplo, la valoración de una prestación de asistencia personal para Gran Dependencia en nivel 1 será de 608,98 €/mes.

El elevado coste de la dependencia y la financiación parcial (sistema de copago) por parte de la administración pública hace necesario que el sector privado juegue un papel relevante a través de una oferta de seguros de dependencia que facilite el acceso a servicios en los que su elevado coste, en la mayoría de los casos, representa un verdadero impedimento. A modo de ejemplo, el 65% de las familias con un familiar dependiente alegan dificultades económicas para contratar la ayuda a domicilio y el 54%, para su no ingreso en residencias.

En el mercado español hay una incipiente oferta de seguros privados de dependencia, que se ha centrado básicamente en la cobertura del riesgo por dependencia, en el ámbito de seguros individuales. Estamos simplemente en una fase muy temprana, si nos fijamos, por ejemplo, en la experiencia del mercado francés, el segundo en importancia del mundo después de Estados Unidos, la oferta ya abarca productos de ahorro para la dependencia, en los que los incentivos fiscales son fundamentales y productos de riesgo asociados a colectivos.

A pesar de todo, hay una oferta inicial de seguros privados de Dependencia con un coste muy ajustado ofrecidos por entidades de primera línea tales como CNP Vida^[1], Agrupació Mútua y otras compañías de seguros, que complementa la cobertura pública que prevé la Ley al facilitar a las personas la ayuda económica – en forma de capital inicial y/o renta – necesaria para afrontar este tipo de gastos, evitándose así que dicho coste sea soportado con el patrimonio propio, al mismo tiempo que se reduce la necesidad de ayuda de personas próximas.

CNP Vida ofrece un seguro que permite al cliente elegir la contratación de una renta vitalicia de 300, 1000 ó 1500 euros, en el caso de verse afectado por una gran dependencia, y la mitad de cada uno de estos importes, en el caso de tratarse de una dependencia severa, así como un capital inicial equivalente a cinco veces el importe de la renta contratada. Un seguro con gran flexibilidad y precios muy competitivos que permite al asegurado de manera sencilla protegerse ante una situación de dependencia.

Aunque el mercado de seguros privados de dependencia en España esté en una fase muy incipiente, no debemos olvidar la complejidad que ha alcanzado ya en otras economías, como la francesa, donde ya hay 3 millones de asegurados, y alcanza un volumen de 450 millones de euros en primas. Es una clara referencia a la evolución futura que puede alcanzar también en nuestro país y que es un reflejo de la magnitud y la cercanía de un problema como la dependencia, y de la necesidad de protegerse frente a este tipo riesgo, con el fin de procurarnos una calidad de vida y un respaldo que nos ayuden a nosotros y a los nuestros.

Pablo González de Castejón
Director de Desarrollo de Negocio
CNP VIDA

CNP Vida es una filial de CNP ASSURANCES, entidad líder en el mercado francés en el seguro de Dependencia, segundo mercado más importante a nivel mundial. ↑