Comunicado de Prensa
20 de enero de 2010

Las sanciones pueden llegar hasta los 18.000 euros

Las infracciones de tráfico más comunes en las carreteras españolas, además del exceso de velocidad, son las de no respetar las señales, estacionamientos o adelantamientos indebidos. Pero los vehículos de transporte son objeto de otro tipo de sanciones que no solo contemplan multas de hasta 18.000 euros, sino que también se sanciona con la inhabilitación para realizar la actividad o incluso el precinto del vehículo por un año.

Ante esta situación, SADYR -compañía de seguros de defensa jurídica especializada en la reclamación de daños y recursos de multas- recuerda cuales son las principales causas de infracción de los conductores profesionales e indica como actuar una vez que ya ha sido sancionado.

Máxima atención al exceso de velocidad

Los transportistas no solo están sujetos a la su Ley de Trasportes, sino que además también pueden ser sancionados por las infracciones comunes de la Ley de Tráfico, y en concreto por las multas de velocidad. Los radares de control de velocidad camuflados no siempre están situados en lugares donde el exceso de velocidad puede dar lugar a situaciones peligrosas y provocar accidentes, si no por el contrario se encuentran ubicados en las autovías o carreteras convencionales, en tramos rectos y en muchos casos en pendiente, en los que el conductor si no está muy atento de su velocímetro podría sobrepasar la velocidad permitida sancionada con una multa de 100 a 600 euros y pérdida de hasta 6 puntos.

Exceso de peso de la carga y las derivadas del tacógrafo

Los excesos de peso son sancionados con multas de hasta 4.600€, así como los tiempos de conducción que refleja el tacógrafo y cualquier otra referida a este aparato, cuyas sanciones pueden llegar hasta los 6.000€.

Disponer de los elementos obligatorios de seguridad y documentación al día

Las furgonetas y camiones no sólo deben llevar los triángulos reglamentarios de señalización de peligro, ruedas de repuesto y chaleco reflectante como el resto de vehículos, sino que además, dependiendo de su carga también deben llevar extintores así como determinadas señales correspondientes a su actividad.

Igualmente, junto a los originales del permiso de conducir, el permiso de circulación, la tarjeta de ITV, que debe llevar cualquier vehículo, y en caso de tenerlos pero no mostrarlo al agente sanciona con multa de 100 euros, siempre que se demuestre en los diez días siguientes que se posee. Cosa diferente es no poseerlo, pues puede conllevar desde una sanción de 6.000 euros. Además, son objeto de otras infracciones correspondientes a carecer de los documentos propios de su actividad, tanto las licencias referidas a los conductores como al vehículo, así como las que acreditan el tipo de carga y su propiedad, hojas de registro, y certificados especiales para mercancías perecederas o para las peligrosas, que contemplan multas de 6.000€, y que pueden llegar hasta los 18.000€ en caso de reincidencia.

Una vez que ha sido sancionado el conductor del vehículo, Vicente Romero, director general de SADYR, indica como actuar en los siguientes casos:

– Frente a las multas de tráfico en las que cuando los agentes nos paren y entreguen la multa en el acto, se firme o no, empieza a contarse el plazo para recurrir desde ese día, y solo hay veinte días para presentar el recurso, en las multas de transportes habrá que esperar a que sean notificadas, pues no siempre corresponden al conductor, sino que muchas de ellas se dirigen al titular del vehículo, es decir, a la empresa transportista, y el plazo es de quince días.

– Siempre que envíen una multa por correo, se debe recoger para poderla recurrir, ya que saldrá publicada en los Boletines Oficiales y el procedimiento sigue su curso igual que si la hubiéramos recogido. La dirección postal a la que se dirigen las multas es la que consta en la Dirección General de Tráfico, por eso conviene tener actualizados nuestros datos en la Jefatura Provincial que nos corresponda.

– La prescripción de las multas de tráfico no es de dos meses, como ocurría hace años. En la actualidad, dependerá de la gravedad de la multa y, según la Ley vigente, oscila entre tres y seis meses o un año, sin embargo, en las multas de transportes la prescripción es de un año.

– Además de las sanciones correspondientes a su actividad, los transportistas también se enfrentan a las multas de tráfico que pueden incluir la pérdida de puntos o la retirada del Permiso de Conducción temporalmente; las muy graves siempre se sancionan con ambas medidas. Si la multa lleva aparejada pérdida de puntos o retirada del Permiso de Conducción, el hecho de abonarla no elimina tales pérdidas.

– A la hora de recurrir, limitarse a manifestar excusas o justificaciones suele servir de poco e incluso, en ocasiones, puede implicar un reconocimiento de los hechos imputados. Debemos recurrir incidiendo tanto en los motivos de fondo (los hechos) como en los de procedimiento, pero siempre buscando en nuestros argumentos un fundamento jurídico.

– Las multas no se ganan o se pierden con un solo escrito, es un procedimiento administrativo que va atravesando fases. Aunque los hechos que nos imputen sean incuestionables, la multa también puede ganarse si la administración comete errores a lo largo de la tramitación.

Vicente Romero concluye: “El procedimiento de este tipo de multas consta de tres fases: Pliego de cargos, trámite de audiencia y resolución sancionadora, y termina con una resolución definitiva que determina si se archiva o no la multa y que puede recurrirse en vía judicial. Y añade: Al igual que otras multas, este procedimiento tiene sus plazos de prescripción y caducidad que pueden invocarse cuando concurren para que se archive el expediente”.

SADYR es una Compañía de Seguros y Reaseguros, que cuenta con más de 25 años de experiencia en Seguros de Defensa Jurídica. Especializada en el Ramo de Automóvil, presta cobertura al asegurado en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales, en todo el territorio nacional. Asimismo, dispone de una Red de Despachos de Abogados y Procuradores concertados en las principales ciudades de España, además de tramitadores de siniestros que le ofrecen la gestión y asesoramiento jurídico al asegurado.

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