Comunicado de prensa

Madrid 1 de abril de 2013. El inicio de una actividad empresarial conlleva la asunción por parte del emprendedor de múltiples riesgos; por ello, la importancia de una correcta planificación en su constitución y una eficaz gestión preventiva durante su actividad.

La Constitución Española reconoce la libertad de empresa, lo cual supone que cualquier persona pueda iniciar una actividad empresarial, concurriendo libremente en el mercado en régimen de competitividad con el resto de organizaciones.
En este sentido, como indica Carlos Pavón, director del Departamento Jurídico de IURE Abogados: “La libertad de empresa no conlleva la exigencia de tener éxito en la andadura empresarial, que puede depender del devenir de la competencia, de los flujos de la demanda en el sector, así como de los múltiples avatares de su actividad diaria”.

Así, en primer lugar, es tradicional la constitución de una sociedad mercantil para canalizar la actividad empresarial, siendo las más comunes la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Su adopción constituye la primera gestión frente al riesgo empresarial por parte del emprendedor, teniendo en cuenta que el patrimonio personal puesto en juego alcanza únicamente las aportaciones realizadas al capital de dichasociedad.

Sin embargo, en la constitución de la sociedad suele descuidarse la figura del órgano de administración, quien habitualmente coincide con la figura del emprendedor, al asumir personalmente el cargo de administrador único de la sociedad constituida. En tales casos, debe tenerse presente que el órgano de administración está expuesto a un régimen de responsabilidades amplio, que puede conllevar su responsabilidad personal ante quienes inicialmente han contraído derechos únicamente frente a la sociedad.

Para Carlos Pavón: “Es necesario articular un órgano de administración en el que no esté expuesto íntegramente el patrimonio personal del emprendedor, siendo para ello posible la constitución de una segunda sociedad, cuyo único objeto social constituya la mera gestión y administración de sociedades”. Y añade: “Será esta segunda sociedad quien ostente el cargo de administrador único de la primera, destinada a desarrollar la actividad empresarial y, por tanto, sujeta a riesgo, mientras que la segunda sociedad, con mucho menor riesgo, por no dedicarse en puridad al ejercicio de una actividad empresarial, podrá ser administrada directamente por el emprendedor”.

Asimismo, en la ejecución de la actividad mercantil pueden detectarse los riesgos que diariamente pueden llegar a comprometer sus beneficios y, en última instancia, su viabilidad, para lo cual cabe plantearse la posibilidad de aislar tales riesgos en múltiples sociedades. “Por ejemplo, en dos líneas de negocio desarrolladas por la misma empresa, de las cuales una produce beneficios mientras que la otra genera pérdidas. Si ambas actividades se integrasen en la misma sociedad, resulta obvio que el incremento de las pérdidas arrastraría la línea que produce beneficios, pudiendo conllevar, en última instancia, al cierre de la empresa. Por ello, hubiera sido deseable haber separado ambas líneas de negocio en dos sociedades independientes, de forma que las eventuales pérdidas de una, no conlleven el arrastre de la beneficiosa”, indica Pavón.

Todo ello parte, nuevamente, de la no exigencia al empresario de la necesidad de tener éxito, sino que lo que le es exigible es que sea un empresario diligente, en la medida en que debe llevar una contabilidad ordenada, cumplir todas las obligaciones tributarias y laborales. Y en caso de, a pesar de todo, incurrir en pérdidas significativas, proceder a la disolución y liquidación de la sociedad, salvo que la misma sea insolvente, por lo que en esta situación se deberá acudir a un proceso concursal.

Este marco jurídico es el que debe tener presente el emprendedor, pues su conocimiento otorga seguridad a la hora de invertir en la creación de una empresa, pues tan importante resulta la visión optimista de quien pretende tener éxito empresarial, como conocer los mecanismos existentes para gestionar el posible fracaso de una actividad mercantil, sin que ello deba arrastrar al emprendedor y a sus diferentes líneas de negocio.

Por otro lado, conviene destacar la importancia de las garantías otorgadas a terceros durante el desarrollo de la actividad empresarial. Para ello, Carlos Pavón indica: “Una vez hayamos canalizado la actividad de negocio a través de diversas sociedades mercantiles, habrá operaciones en la actividad empresarial que exigirán en sus relaciones con otros la constitución de garantías que minimicen el riesgo. Pues bien, la constitución de fiador solidario o avalista en la persona del emprendedor, hace que el mismo asuma íntegramente, con su patrimonio personal presente y futuro”.

Por ello, es conveniente la asunción parcial por parte del emprendedor, a título particular, del riesgo inherente a la actividad empresarial, por lo cual resulta aconsejable que las garantías exigidas por terceros recaigan en aquellas sociedades que cuenten con un nivel adecuado de patrimonio como para ser merecedoras de solvencia suficiente de cara al tercero, pero dejando siempre al margen a la persona del emprendedor.

IURE Abogados nace en 1987 en Alcalá de Henares, y posteriormente, en 2004, abre despacho en Madrid, con una clara vocación de servicio al cliente empresa, continuando con la trayectoria de especialización en la adecuada gestión de crisis empresarial, tanto en fase preventiva como en situación de insolvencia.

A lo largo de estos años, los profesionales de IURE Abogados han adquirido la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el asesoramiento más adecuado, según la situación particular de cada empresa y con el firme objetivo de prevenir a tiempo situaciones de insolvencia, buscando siempre las mayores garantías de continuidad de las diferentes unidades de negocio y procurando la protección de los administradores societarios de eventuales responsabilidades.

Para más información:
Recursos de Mercado
Tfno.: 91 547 08 04 / 652 09 78 74